- Ni el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ni el Ayuntamiento de Fuenlabrada se hacen responsables de los vertidos ilegales en los “límites” de sus jurisdicciones.
- Se lleva denunciando los hechos desde 2023 ante las administraciones mientras se siguen acumulando todo tipo de enseres y materiales contaminantes.
En los últimos años, los ecologistas han denunciado el vertido de escombros, cristales, colchones y electrodomésticos en el camino de servicio de la R-5 entre los PK.8 y 9 ante la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte, que se declaró incompetente para intervenir en esa vía, esto motivó que se presentara una nueva denuncia ante el Ayuntamiento de Fuenlabrada en diciembre de ese mismo año, sin embargo, el ayuntamiento también declaró que el camino está fuera de su jurisdicción, remitiéndoles de nuevo al ministerio para la resolución del problema.
Más de dos años después, la organización ha podido constatar que no se ha hecho nada para solucionar el problema. Los vertidos continúan en toda la línea paralela a la Radial 5 y se siguen extendiendo por el antiguo camino Alcorcón-Fuenlabrada. En un pequeño tramo de unos 150 metros entre la Glorieta de la Ronda de las Naciones en Alcorcón y un puente peatonal que cruza la R-5 se pueden encontrar escombros de obra, pequeños montículos de restos asfálticos, electrodomésticos, puertas, colchones, ventanas rotas, neumáticos y varias decenas de cubos, sacos y bolsas con residuos de todo tipo.
A pesar de que estos vertidos ilegales son un problema de salud pública y provocan un impacto muy negativo sobre el suelo y el paisaje, sigue siendo una zona muy frecuentada por paseantes y ciclistas, ya que permite el acceso de los vecinos y vecinas de Alcorcón al Parque Polvoranca de Leganés.
La situación se repite en otros muchos lugares de la Comunidad de Madrid, especialmente en los municipios del sur, donde son frecuentes los vertidos que acumulan una amplia gama de objetos y materiales tan peligrosos para la salud y para el medio ambiente como el amianto.
Desde las asociaciones ecologistas reclaman la identificación de las personas físicas o jurídicas responsables de la actividad infractora con el fin de imponer las sanciones a las que este tipo de conductas den lugar, también exigen la limpieza y restauración de las zonas afectadas y la implantación de los medios y recursos necesarios para evitar que se vuelvan a depositar más vertidos.
