• En menos de 48 horas la policía paralizó 2 veces las obras de la gasolinera. En ambos casos, las vecinas llamaron alertando de los trabajos en la parcela.
• Vecinas y ecologistas reclaman la paralización cautelar y efectiva hasta que acabe la investigación de la Fiscalía.

A pesar de la oposición de las vecinas y ecologistas, las obras de la gasolinera en la avenida Iker Casillas se reanudaron el 1 de marzo. Una cuadrilla de operarios, sin los equipos de protección (EPI’s) preceptivos, estuvo talando y tronzando varios árboles de la parcela. Alertados por las vecinas, se personó una patrulla de policía municipal. Tras dicha visita, paralizaron y cerraron la obra.

Según Raúl Navarrete, portavoz ecologista: “La Ley de Protección del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid prohíbe expresamente la tala de cualquier ejemplar de porte arbóreo. Se podrán cortar aquellos pies que tengan un informe individual, elaborado por los técnicos de Parque y Jardines y firmados por el Alcalde, que permita su tala por motivos fitosanitarios o de peligro para bienes o personas. ”

El lunes siguiente, las vecinas volvieron a llamar a la policía. La empresa introdujo una retroescavadora para continuar con los trabajos de extracción de áridos paralizados por la policía municipal unas semanas antes, debido presuntamente a la falta de permisos. Inmediatamente, una patrulla policial se personó en la dirección e impidió que la máquina llegara a ser arrancada.

Una patrulla de policía municipal se persona en parcela destinada a gasolinera.

Ante este desprecio por la legalidad vigente por parte de la empresa, vecinas y ecologistas estudiarán las medidas legales a tomar para que se garantice la paralización cautelar de las obras. Según el portavoz ecologista “Dicha paralización debe quedar garantizada hasta que concluya la investigación que comenzó la Fiscalía ante los indicios de delito en la tramitación del expediente.”

No en balde, en abril de 2024 habían denunciado el proyecto a la Fiscalía por la posible comisión ilícitos penales. En octubre, dicha Fiscalía comunicó que estaban en proceso de investigación de dos posibles delitos sobre la ordenación del territorio y de prevaricación. En noviembre, los mismos vecinos presentaron toda la documentación al respecto. Según la investigación de la misma, todo apunta a la posible comisión de irregularidades en la adjudicación de la gasolinera.

Este proyecto de gasolinera, en plena zona residencial de Móstoles, ha generado polémica desde el principio. La parcela elegida, es contigua al futuro Colegio de Educación Especial construido por la Comunidad de Madrid. Los surtidores estarán a menos de 50 metros de las casas más cercanas y a menos de 100 metros de las 1000 viviendas que se construirán en los terrenos de Móstoles Industrial, propiedad mayoritariamente de El Corte Inglés. Justo enfrente se encuentra el Centro de Educación Ambiental y el Parque Liana. La autorización de la gasolinera se produjo en la anterior legislatura y el actual Gobierno local no ha hecho nada para frenar el proyecto. El anterior Ejecutivo municipal modificó la normativa para permitir gasolineras en Móstoles a menos de 50 metros de las viviendas. Un año después los propietarios de la parcela presentaron el proyecto.